Toda visita domiciliaria es un acto de molestia no sólo al domicilio, sino también a la persona, a la familia, a los papeles y a las posesiones, susceptible de afectar en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Federal, como es, entre otros, el de la inviolabilidad de su domicilio, por lo que puede ser impugnada de inmediato a través del juicio de amparo, cuando en dicha visita domiciliaria se observen vicios y/o errores que puedan llegar a violar las garantías constitucionales de un contribuyente.

El pasado 17 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual contempla obligaciones para cierto grupo de personas a efecto de que reporten a la SHCP operaciones celebradas con terceros cuando las mismas representen pagos en efectivo por encima de ciertos montos o bien movimientos de capital que se pueden considerar como inusuales. Así mismo, se establecen sanciones pecuniarias y privativas de libertad para aquellos obligados a reportar una operación y no lo hagan en los términos y plazos que marca la ley.